Escuelas Católicas en su momento criticó reiteradamente la forma en la que se tramitó la LOMCE, así como algunos de sus contenidos. No obstante ahora no puede sino lamentar profundamente que la educación vuelva a ser moneda de cambio político y que se muestre tan poco respeto hacia la comunidad educativa. 

Esta decisión unilateral de paralizar la aplicación de la LOMCE en un periodo de interinidad gubernamental, sumada a los continuos intentos de enfrentar a la enseñanza pública y a la concertada, en lugar de contribuir a que trabajen unidas y de forma complementaria, nos aleja mucho de lograr un sistema educativo de calidad, equitativo y libre.  El debate del pleno del Congreso de los Diputados que acaba de tener lugar ha puesto de manifiesto una vez más que no hay acuerdo sobre la educación en nuestro país. “Los políticos se llenan la boca con palabras grandilocuentes sobre la importancia de la educación y de alcanzar un pacto educativo, cuando la realidad es que parecen expresiones vacías que sirven de excusa para repetir la espiral de politización de la educación y escenificar en estos momentos de incertidumbre sus posturas ideológicas”, destaca la presidenta de ESCACV, Vicenta Rodríguez. “No se ha pensado en las consecuencias inmediatas que puede tener para la organización práctica de los centros y para los alumnos una derogación de la LOMCE a estas alturas” explica.

Cierto que la LOMCE tiene muchas carencias y que en su tramitación faltaron los acuerdos necesarios, tal como Escuelas Católicas denunció repetidamente en su momento. Pero no es menos cierto que con este intento de derogación se está cayendo en el mismo error que se pretende subsanar: tomar decisiones sobre educación sin un consenso real. Algo especialmente grave en las actuales circunstancias de interinidad política, que no propician el marco más idóneo para tomar medidas legislativas de este calado. En definitiva, Escuelas Católicas lamenta profundamente que de nuevo los alumnos y sus familias, los centros y los profesores, deban soportar la incoherencia, irresponsabilidad e insensatez de nuestros políticos.

Escuelas Católicas es actualmente la federación mayoritaria de la enseñanza concertada, que en la Comunidad Valenciana representa a cerca de un 30% de la enseñanza obligatoria y agrupa a 293 centros, con 162.617 alumnos y 11.682 profesores.

Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana (ESCACV) considera que el reciente debate sobre la jornada continua debe responder a la pregunta “¿qué es lo mejor para nuestros alumnos?” Para la federación mayoritaria de la enseñanza concertada los resultados de la experiencia piloto iniciada por la Consellería de Educación en 2013, y que implantó la jornada continua en nueve centros, han sido “desalentadores”. Las pruebas diagnósticas empeoraron y el número de alumnos que repitieron curso aumentó. Como explica la presidenta de ESCACV, Vicenta Rodríguez, “no existen evidencias pedagógicas de los beneficios de la jornada continua en el rendimiento académico del alumnado que justifique la generalización de la jornada continua”. “De hecho, si echamos un vistazo a las autonomías con mejores resultados en el informe PISA nos da pistas de que la jornada partida es la  mayoritaria en comunidades con mayor puntuación como Madrid, Navarra o Castilla y León”, explica Rodríguez, quien pone en duda también la idoneidad de la jornada continua “para facilitar la conciliación laboral de los padres”.

Escuelas Católicas considera que la propuesta de la jornada continua es un tanto “precipitada”. En el consejo escolar celebrado ayer se reconoció el derecho del titular de los centros educativos concertados. De esta forma, queda claro que la iniciativa para solicitar la modificación del horario lectivo en los centros privados concertados corresponde a la titularidad del mismo.